La Accesibilidad en los Edificios

 


La accesibilidad, es el grado en el que todas las personas pueden tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía. La accesibilidad es un derecho, esto implica que las barreras de entorno físico deben ser suprimidas.
foto La Accesibilidad en los Edificios


La realización de obras, que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

El primer paso sería comunicarselo por escrito al Presidente de la Comunidad y quedarse con una copia firmada que acredite la recepción por éste. El presidente estará obligado a incluir dicha mención en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre. Después, la Junta de propietarios, tendrá que estudiar la solicitud y decidir que es lo que más conviene, si la instalación de un ascensor o de una rampa.

Si la mayoría de los vecinos están de acuerdo en instalar un ascensor o una rampa, dicho acuerdo obliga al resto de los copropietarios. Para dicha mayoría, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado no manifiesten su discrepancia al secretario de la Comunidad en el plazo de treinta días naturales.

Una vez tomado el acuerdo, éste debe cumplirse conforme establece la Ley de Propiedad Horizontal.

No es necesario, contar con un determinado porcentaje de minusvalía, para solicitar la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad. Pero, en caso de falta de acuerdo entre los propietarios y, de cara a la utilización de los recursos legales previstos en casos de discapacidad, se considera que valdría con una minusvalía declarada de al menos el 33 %.

La Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años, siempre y cuando el coste de las mismas no supere las tres mensualidades de gastos comunes.

Por otra parte, si se convoca la Junta de Propietarios y ésta vota en contra de la propuesta de instalación, el paso a realizar sería impugnar judicialmente el acuerdo, solicitando al juez la anulación del acuerdo y que se declare la obligación de realizar la instalación del ascensor o de la rampa.

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